Aseguran que la única causa para el cierre es la económica, sin valorar la situación en la que quedan los discapacitados
Lunes, 24 de junio de 2013 | Redacción
Los familiares afectados por el cierre del Centro Ocupacional de Espinardo han denunciado ante la fiscalía la decisión del IMAS y solicitan que investigue las causas, al tiempo que solicitan que se paralice la orden de cierre.
El escrito está firmado por un centenar de familiares de usuarios de este centro, y en él denuncian que no se les ha ofrecido motivo alguno que justifique su clausura y la reubicación de los discapacitados. Afirman también que en la única reunión mantenida con el gerente del IMAS, éste alegó la existencia de un informe técnico sobre el estado de las instalaciones como único motivo de la clausura y traslado, pero que en todo momento se negó a mostrarles dicho informe.
Posteriormente, las familias, de forma individualizada, han recibido llamadas telefónicas para acudir al día siguiente al IMAS, en lo que denuncian un proceso en el que se sienten “coaccionados y angustiados” ya que creen que les pueden obligar a tomar una decisión que no les conviene ni les convence, pues no conocen las verdaderas causas de este proceso ni se han tenido en cuenta las graves consecuencias que esa decisión tendrá para las personas discapacitadas que viven en el centro.
Aseguran que el único motivo para el cierre es económico, y que para ahorrar en gasto público no se ha tenido en cuenta el interés de estas personas discapacitadas y su proceso de adaptación a la realidad. En algunos casos estos usuarios llevan más de veinte años residiendo en el mismo, y sus familiares consideran que sufrirán graves daños con esta separación forzosa de sus compañeros y realojo, y más cuando se ha impuesto por parte del IMAS en un plazo tan inmediato.
El escrito está firmado por un centenar de familiares de usuarios de este centro, y en él denuncian que no se les ha ofrecido motivo alguno que justifique su clausura y la reubicación de los discapacitados. Afirman también que en la única reunión mantenida con el gerente del IMAS, éste alegó la existencia de un informe técnico sobre el estado de las instalaciones como único motivo de la clausura y traslado, pero que en todo momento se negó a mostrarles dicho informe.
Posteriormente, las familias, de forma individualizada, han recibido llamadas telefónicas para acudir al día siguiente al IMAS, en lo que denuncian un proceso en el que se sienten “coaccionados y angustiados” ya que creen que les pueden obligar a tomar una decisión que no les conviene ni les convence, pues no conocen las verdaderas causas de este proceso ni se han tenido en cuenta las graves consecuencias que esa decisión tendrá para las personas discapacitadas que viven en el centro.
Aseguran que el único motivo para el cierre es económico, y que para ahorrar en gasto público no se ha tenido en cuenta el interés de estas personas discapacitadas y su proceso de adaptación a la realidad. En algunos casos estos usuarios llevan más de veinte años residiendo en el mismo, y sus familiares consideran que sufrirán graves daños con esta separación forzosa de sus compañeros y realojo, y más cuando se ha impuesto por parte del IMAS en un plazo tan inmediato.
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